Existe un vínculo estrecho entre el neoliberalismo y el despliegue de las políticas de seguridad ultrarrepresiva que se puede resumir así: Difuminación del Estado económico, debilitamiento del Estado social, fortalecimiento y glorificación del Estado penal. No se pueden entender las políticas policiales y penitenciarias sin verlas en el contexto de los cambios en el empleo y en la relación de fuerzas entre clases sociales de las últimas décadas. La «mano invisible» del mercado de trabajo precario encuentra su complemento en el “puño de hierro” del Estado para atajar los delitos o disturbios provocados por el desempleo, el salario precario y los recortes de la protección social.

Vivimos con la propagación mediática de una ideología que eleva la competitividad a un carácter de fetiche y celebra la responsabilidad individual (cara oculta de la falta de responsabilidad colectiva). Se responsabiliza de la delincuencia únicamente al individuo y se ignora el contexto social en el que éste se encuentra. En Las cárceles de la miseria se explica cómo esto se traduce en una actuación policial y judicial que reprime a los jóvenes, los inmigrantes y la delincuencia menor, e incluso hostiga a los sintecho. Es decir, se criminaliza la pobreza, a la vez que se consigue un chivo expiatorio. Esto también sirve para disciplinar a los sectores de la clase obrera reacios al nuevo modelo de trabajo precario.

Los conceptos de seguridad ciudadana o de «tolerancia cero» resultan engañosos. En la práctica significan la imposición de las leyes solo contra ciertos grupos, pues ¿dónde está la ‘tolerancia cero’ contra los delitos administrativos, el fraude comercial, la contaminación ilegal y las infracciones contra la salud y la seguridad? Esta política además ampara legalmente el abuso policial, las multas y detenciones arbitrarias y la vigilancia. Así, el objetivo del sistema penitenciario no es prevenir el crimen ni reinsertar, sino aislar y anular a la creciente población reclusa. Wacquant denuncia también la privatización de las cárceles, afirma que estas sustituyen al gueto y permiten usar la mano de obra esclava de los detenidos. Fueron el gran empresariado y las facciones «modernizadoras» del Estado y la burguesía las que emprendieron esta estrategia de Estado penal. El autor explica cómo este nuevo «sentido común» punitivo -elaborado en Estados Unidos por una red de think tanks neoconservadores- se extendió entre las altas esferas para luego llegar a Europa y Latinoamérica, y traducirse en cambios legislativos.

Esta nueva edición incluye escritos posteriores del autor y diversas entrevistas que contextualizan su obra y nos acercan a su evolución.